MADRID (AP) - La victoria judicial de una activista de ETA en su batalla contra el Estado español sentó un precedente legal que podría obligar al país ibérico a excarcelar a más de 130 presos, la mayor parte del grupo separatista vasco, con múltiples delitos de sangre.El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló el lunes a favor de la etarra Inés del Río, condenada a 3.828 años de cárcel por 24 asesinatos. Del Río debió ser liberada en 2008, pero la justicia le aplicó la llamada "doctrina Parot", que fija la reducción de condena por beneficios penitenciarios sobre el total de su condena, es decir los 3.828 años, y no sobre el máximo de 30 años de encarcelamiento que prevé la legislación española.
Los magistrados europeos consideraron que la doctrina española vulneró los derechos penitenciarios que asisten a los presos, exigieron la inmediata puesta en libertad de Del Río y condenaron a España al pago de 30.000 euros (40.990 dólares) a la afectada por daños morales.
La sentencia del tribunal, con sede en Estrasburgo (Francia), es inapelable y de obligado cumplimiento para España como país firmante de la Convención Europea de Derechos Humanos. Del Río, de 53 años, saldría en libertad en las próximas semanas, luego de una serie de trámites legales. Está presa desde 1987.
El fallo es individual, pero sienta jurisprudencia. Los más de 130 presos que siguen en prisión gracias a esta vía judicial podrán apelar a Estrasburgo y eventualmente ser liberados.
El gobierno lamentó la decisión y dejó claro que la sentencia no abre de par en par las puertas de la cárcel.
"La sentencia ha sido desfavorable", dijo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. "Pero no puede tener el mismo reproche penal quien ha matado 20 personas que quien haya cometido un único asesinato".
"Ante hipotéticas y previsibles demandas de excarcelación en circunstancias semejantes, se analizará caso por caso", añadió.
La "doctrina Parot" -que toma su nombre del dirigente etarra Henri Parot- estableció en 2006 que las redenciones de pena se aplican sobre el total de una condena. En su momento, se usó para evitar que miembros de ETA como Del Río salieran de prisión antes de tiempo gracias a beneficios penitenciarios y cumplieran el máximo de 30 ó 40 años, según el caso, que contempla el Código Penal.
Según el gobierno español, el fallo de Estrasburgo dejaría en la calle a casi 100 presos etarras y a 40 de los presos comunes más peligrosos del país.
Se trata de casos como el del etarra Domingo Troitiño, condenado por 25 asesinatos consumados y Juan Carlos Arruti, con 24 cargos de asesinato. A ellos se les aplicó la "doctrina Parot" para prolongar hasta el máximo legal posible su encarcelamiento.
Ruiz-Gallardón calificó la doctrina de "justa con las víctimas" y muy "útil en la lucha contra el terrorismo y contra los crímenes más abyectos". Pero admitió que España no tiene más remedio que acatar los fallos de Estrasburgo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo, que agrupa a decenas de familiares de las casi 830 víctimas mortales de ETA, pidió al gobierno que no cumpla la sentencia.
"Esperemos que no se acate porque España quedaría sin derechos humanos", señaló la presidenta de la Asociación, Angeles Pedraza.
España, Estados Unidos y la Unión Europea consideran a ETA como una organización terrorista, a la que se responsabiliza de la muerte de más de 825 personas en una campaña violenta encaminada a crear un País Vasco independiente entre España y Francia. La organización anunció el cese de sus operaciones armadas en octubre de 2011 tras años de acoso policial, pero todavía no ha mostrado su intención de disolverse y entregar las armas.