WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (08/OCT/2013).- La captura en Libia de un presunto líder de Al Qaeda hace resurgir la cuestión de la legalidad de la operación ante el derecho internacional, con el presidente Barack Obama basándose en controvertidos argumentos usados por su predecesor George W. Bush.Comandos estadounidenses capturaron el sábado al dirigente de Al Qaeda Abu Anas al Libi en las calles de Trípoli cuando estacionaba su automóvil y lo condujeron a un barco para su interrogatorio. Libia denunció la operación como un secuestro y citó al embajador estadounidense.
La administración Obama declinó decir si solicitó permiso al débil gobierno pro-occidental libio, pero insistió en que la operación fue legal.
Afirmando que Estados Unidos continuará combatiendo a los grupos terroristas regionales, el mandatario dijo este martes a periodistas que Abu Anas al Libi "ayudó a planificar y ejecutar atentados en los que murieron centenares de personas, muchas de ellas estadounidenses. Tenemos fuerte evidencia de ello y será presentado ante la justicia".
El secretario de Estado John Kerry subrayó que Al Libi, un experto en computación que obtuvo asilo bajo el régimen de Muamar Kadafi, fue acusado por un tribunal de Nueva York en 1998 de los atentados contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, en los que murieron más de 200 personas.
"Estados Unidos hará todo lo que esté a su alcance, que sea legal y apropiado a fin de hacer respetar la ley y proteger nuestra seguridad", dijo el jefe de la diplomacia de Washington.
La administración de Obama justificó la operación en el marco de la Autorización para el uso de la fuerza militar otorgada en 2001 por el Congreso, que permite al presidente emplear la fuerza contra cualquier nación, grupo o persona involucrada en los ataques del 11 de setiembre.
Pero según la ley internacional el caso es menos claro. El artículo 2(4) de la Carta de la ONU prohíbe a las naciones las amenazas o el uso de la fuerza contra otros estados.
Washington pudo haber obtenido aprobación tácita de Trípoli, pese a sus negativas públicas, pero de lo contrario necesitaría dar otros argumentos para justificar la operación, como por ejemplo que Libia permitió que se usara su territorio para planificar un ataque, dijo Robert F. Turner, profesor en la facultad de Derecho de la universidad de Virginia.
"No me sorprendería en absoluto que se hubiera obtenido el consentimiento en privado de las autoridades, y en ese caso, sería una acción perfectamente legal", dijo Turner.
"También sería una acción legal -aunque controvertida- si él todavía estaba involucrado con el terrorismo", agregó.
Pero el académico dijo que es clave para Estados Unidos dar una justificación legal.
"Si empezamos a decir que nuestras obligaciones no cuentan porque somos el gorila más grande del zoológico, no tendremos demasiada autoridad para decir a los iraníes o norcoreanos o a nadie, que deben respetar sus obligaciones de no-proliferación", advirtió.
En 2003, la CIA secuestró al clérigo Mustafa Osama Nasr en las calles de Milán y lo envió a su país natal, Egipto, donde sus abogados dijeron que fue torturado. Más tarde un tribunal italiano sentenció a 23 agentes de la CIA a prisión en ausencia, pese a especulaciones de que el primer ministro Silvio Berlusconi había aprobado discretamente la operación.
Todavía tratando de cerrar Guantánamo
Probablemente las autoridades estadounidenses envíen a Al Libi a juicio, luego de interrogarlo abordo del buque, supuestamente el "USS San Antonio".
En un caso anterior de la administración Obama, Ahmed Abdulkadir Warsame -un somalí acusado de lazos con Al Qaeda- fue enviado a juicio en Nueva York en 2011 luego de ser interrogado durante más de dos meses abordo del "USS Boxer".
"El mismo tipo de preocupación y problemas se plantean aquí, cuando la administración parece ampararse en la racionalidad de la ley de la guerra, para escapar a los condicionamientos que se aplican bajo el sistema de justicia criminal", dijo Hina Shamsi, director of the American Civil Liberties Union's National Security Project.
El Artículo 22 de la Tercera convención de Ginebra sobre las normas de la guerra prohibe mantener prisioneros en buques. Pero la administración Bush comenzó a argumentar que los sospechosos de terrorismo no eran prisioneros de guerra.
En una de sus más controvertidas decisiones, la administración Bush envió a los sospechosos de al Qaida a la base naval de Guantánamo, en Cuba, donde no están protegidos por las garantías que otorga la constitución de Estados Unidos, tales como el habeas corpus: la obligación de que todo detenido debe ser presentado ante un juez.
Matthew Waxman, profesor en Columbia Law School, dijo que aunque la autorización para el uso de la fuerza de 2001 tiene muchos puntos oscuros, el argumento de que Al Libi tiene conexiones con Al Qaida "parece relativamente sólido".
Las justificaciones de la administración Obama "son muy similares a los argumentos en los que se basó la administración Bush, aunque Obama ha demostrado mucho más interés en llevar a los sospechosos a juicio en Estados Unidos en lugar de detenerlos durante largo tiempo en Guantánamo o en otros lugares en el exterior", afirmó.
Obama prometió al asumir en 2009 cerrar la prisión de Guantánamo en el plazo de un año. Promesa no cumplida, en parte por la oposición de sus rivales republicanos al traslado de los detenidos a otros países dispuestos a aceptarlos, aunque se hubiera desechado los cargos que existían contra ellos.
El Senador republicano Lindsey Graham exhortó el martes a Obama a transferir a Al Libi a Guantánamo para ser interrogado antes de ser juzgado ante un tribunal estadounidense, afirmando que los buques de guerra "nunca fueron considerados un lugar de confinamiento y detención en la guerra contra el terrorismo".
La administración Obama ya descartó enviar a Al Libi a Guantánamo y el martes el Pentágono nombró un enviado, el profesor de ética de Georgetown University, Paul Lewis, en un nuevo esfuerzo para cerrar la prisión en la base naval estadounidense en la isla de Cuba.