El juez de la Cámara Penal de la Corte Apelación del Distrito Judicial Duarte dictaminó prisión preventiva, impedimento de salida del país, contra el alcalde de las Terrenas, José Mercedes Martínez Emeterio, originándose un incidente entre los seguidores de este, la seguridad del palacio de justicia y periodista, siendo sacado el alcalde de forma abrupta del lugar.
El juez Claudio Aníbal Medrano impuso seis meses de arresto domiciliario como medida de coerción, así como visita periódica a la fiscalía de la provincia Duarte, impedimento de salida de su residencia, ciudad y el país, atendiendo a las violaciones de los 1, 2 y 3 del código procesal penal, entre otros, por supuestas irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas.
En el momento que concluyo la lectura de la sentencia se origino un incidente, cuando el representante del procurador de la corte de Apelación de San Francisco de Macorís Dr. Amado José Rosa, el Lic. Wascar Fernández, solicito al prevenido acompañarlo a las oficinas del procurador, para dar inicio al proceso,- los abogados defensores se negaron, alegando que podía retirarse a su residencia, razón por la que el fiscal Fernández ordeno esposar y conducir ante el procurador al sindico, dando paso a un forcejeo donde dos comunicadores fueron agredidos y el alcalde sacado abruptamente de las instalaciones del palacio de justicia, portando su seguridad y acompañantes, armas de fuego intimidando a reporteros gráficos y periodistas, para que no realizaran su trabajo.
La lectura de la sentencia inicio a las 2:05 minutos concluyendo a las 4:40 minutos.
Desde el inicio del proceso de medida de coerción la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PECA, desistió de la solicitud de medida de coerción contra el alcalde, porque según sus representantes aun analizan la auditoría emitida por la Cámara de Cuentas, en la que argumentaron otras personas están implicadas, no solo el alcalde.
La parte acusadora integrada por los abogados Pedro Catrein, Lic. Fabián Mercedes Hernández y Staling Castillo López, solicitaron un año de prisión preventiva, o en su defecto arresto domiciliario, por lo que se mostraron conforme con el dictamen.
Mientras que la medida fue acogida con desagravio por los defensores Carlos Moreno, Manuela Ramírez y otros, que dijeron apelaran la decisión, por entender el alcalde tiene arraigo y todos los requerimientos para mantenerse en libertad.
Los demandantes son los regidores Juan Peña Paredes, Rafael Agustín Taveras y Rafael Lino Castillo, quienes informaron que el documento emitido por la Cámara de Cuentas sobre la experticia a dicho ayuntamiento de fecha 31 de enero al 31 de diciembre del 2010, presentado el pasado mes de julio, enumera irregularidades entre las que están el pago de electricidad a funcionarios, rebaja de sueldo, entrega de obras grado a grado y el financiamiento de motocicletas a personas que no son empleados, superando el desfalco más de 15 millones de pesos.
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