PARÍS.- Los diputados franceses votan mañana, miércoles, la proposición de ley que prevé multas a los clientes de la prostitución, tras cuatro días de debates que han mostrado menos controversia en el Parlamento que en la calle.
Las sesiones de la Asamblea Nacional, abiertas el pasado viernes y a las que han asistido pocos parlamentarios, han estado marcadas por un general acuerdo en el grueso de la ley, con excepción de dos puntos.
El primero es la penalización de los clientes y el segundo afecta a la concesión de un permiso de residencia a las prostitutas extranjeras que decidan dejar el oficio.
De ser adoptado, el texto debe superar todavía el filtro del Senado.
La previsión es que el texto será ampliamente aprobado, puesto que cuenta con el respaldo del mayoritario Partido Socialista y de sus socios del Frente de Izquierdas, mientras que la oposición de derechas, que ha dejado libertad de voto a sus diputados, optará masivamente por el rechazo, al igual que los ecologistas, aunque por motivos diferentes.
La conservadora UMP, que inicialmente se decantaba por abstenerse, optará finalmente por el voto en contra, al considerar que la ley será "difícil de aplicar".
Su jefe de filas, Christian Jacob, explicó que la regularización de las extranjeras provocará "un efecto llamada" a la inmigración ilegal.
Más virulento se ha mostrado el ecologista Sergio Coronado, que considera que la penalización de los clientes abocará a las prostitutas a ejercer su oficio de forma más clandestina, lo que facilitará el trabajo de las mafias de proxenetas.
Un argumento que rechaza la ministra de Derechos de las Mujeres, Najat Vallaud-Belkacem, gran impulsora del texto, que se basa en el ejemplo de Suecia, donde los clientes son multados desde 1999, lo que ha permitido reducir a la mitad la prostitución callejera.
Los impulsores del texto consideran que la prostitución es "la última violencia contra las mujeres no reconocida por la ley".
Afirman que la ley va contra las mafias de la trata de blancas y creen que el 90 % de las más de 20.000 personas que practican la prostitución en Francia lo hacen por la fuerza "física o económica".
La relativa calma registrada
en la Asamblea contrasta con la controversia que la ley despierta en la calle.
A los manifiestos contrarios a la ley firmados por intelectuales y artistas en los últimos meses responden las asociaciones feministas que "la prostitución implica una relación sexual forzada y, por tanto, violencia, que tiene que ser castigada".
"Esta ley protege la libertad sexual, pero la de todos, no solo la de los que tienen una mejor situación económica, también de las que tienen que aceptar prostituirse por motivos económicos", señala a Efe la portavoz de la asociación "Osez le feminisme", Anne-Cécile Mailsert.
El único modelo que a nivel internacional ha mostrado su valía, agrega, es el sueco, mientras que países que han legalizado la prostitución, como Alemania u Holanda, "asisten a un incremento exponencial" de la misma que ha llevado a sus Gobiernos a replantearse esa política.
El Sindicato del Trabajo Sexual (STRASS), que agrupa esencialmente a prostitutas, consideran la ley como "un ataque al oficio que dejará a numerosas mujeres y transexuales en una situación gravísima".
"Esta ley no va a acabar con la prostitución, va a cambiarla, a hacerla más peligrosa. Es lo que ha sucedido en Suecia, donde incluso hay más prostitución, pero ahora ya no se ve", afirma a Efe Manuela, prostituta colombiana que oficia como portavoz del STRASS.
Manuela relata la experiencia de compañeras que han tenido que abandonar ese país porque eran obligadas a practicar la prostitución en cruceros fletados por la mafia rusa, "donde no tienen la opción de negarse a nada y la única escapatoria es tirarse al mar".
"Nosotras nos adaptaremos a la situación, pero los proxenetas también lo harán. Que nadie nos venga diciendo que esta ley va a acabar con la prostitución, es una hipocresía", afirma Manuela, que apuesta por un marco similar al suizo, "donde las prostitutas son legales, pagan sus impuestos y tienen sus derechos".