Sobeida Felix Morel (Foto de archivo)
SANTO DOMINGO.- La Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional aplazó para el próximo martes el conocimiento de una acción de amparo de extrema urgencia incoada por el abogado de la reclusa Sobeida Félix Morel, que busca que el Ministerio Público no se oponga a cualquier solicitud de libertad que interponga.
El juez adoptó la decisión tras acogerse a la petición del representante del Ministerio Público que alega no fue debidamente citado.
Franklin Domínguez, representante del Ministerio Público, calificó como carente de asidero la acción de amparo porque el acuerdo suscrito por Sobeida con la Fiscalía en el 2011 no ata a la Procuraduría.
Sobeida fue conducida al tribunal una hora después del aplazamiento, bajo estrictas medidas de seguridad y solo se limitó a decir que confía en la justicia.
La reclusa, condenada a cinco años de prisión por lavado de activos ligado a la red del capo boricua José David Figueroa Agosto solicita al tribunal ordenar que la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de la Corte de Apelación de San Cristóbal y la Fiscalía del Distrito Nacional no se opongan a cualquier solicitud de libertad que interponga ante el Tribunal de Ejecución de la Pena en respeto a lo acordado.
Asimismo, imponer de manera solidaria y conjunta de un astreinte de RD$200,000 por cada día de incumplimiento de la decisión.
El juez adoptó la decisión tras acogerse a la petición del representante del Ministerio Público que alega no fue debidamente citado.
Franklin Domínguez, representante del Ministerio Público, calificó como carente de asidero la acción de amparo porque el acuerdo suscrito por Sobeida con la Fiscalía en el 2011 no ata a la Procuraduría.
Sobeida fue conducida al tribunal una hora después del aplazamiento, bajo estrictas medidas de seguridad y solo se limitó a decir que confía en la justicia.
La reclusa, condenada a cinco años de prisión por lavado de activos ligado a la red del capo boricua José David Figueroa Agosto solicita al tribunal ordenar que la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de la Corte de Apelación de San Cristóbal y la Fiscalía del Distrito Nacional no se opongan a cualquier solicitud de libertad que interponga ante el Tribunal de Ejecución de la Pena en respeto a lo acordado.
Asimismo, imponer de manera solidaria y conjunta de un astreinte de RD$200,000 por cada día de incumplimiento de la decisión.
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