El periódico Boston Globe, en su editorial de ayer, martes 15 de octubre, llamó a la comunidad internacional y especialmente a Estados Unidos a presionar a la República Dominicana para garantizar que cientos de miles de dominicanos de ascendencia haitiana sean despojados de su derecho a la ciudadanía como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Recuerda que históricamente, hasta la proclamación de la Constitución de 2010, República Dominicana reconocía el derecho a la ciudadanía todo nacido en su territorio, como lo hace Estados Unidos.
“Muchas de estas personas no tienen vínculos significativos a Haití y sería poco probable que calificaran para la ciudadanía haitiana tampoco”, advierte.
A continuación el editorial:
Decisión equivocada de la corte dominicana sobre la ciudadanía
15 de octubre 2013
Haití y la República Dominicana nunca han sido vecinos felices, pero ambos países, al menos parecían haber dejado atrás la violencia y la desconfianza que caracterizó su relación durante gran parte del siglo 20.
Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana amenaza con hacer añicos la delicada relación entre estos dos países. Posiblemente podría revocar la ciudadanía de todos los dominicanos de ascendencia haitiana, dejando a más de 200.000 personas sin estado. La comunidad internacional debe presionar al gobierno dominicano para garantizar que esto no suceda.
Históricamente, la República Dominicana ha dado la ciudadanía a todos los nacidos en su suelo - tanto como lo hace Estados Unidos. Sin embargo, una nueva Constitución ratificada en 2010 garantiza dicha protección sólo para los hijos de ciudadanos o residentes legales, y la decisión del Tribunal Constitucional autorizó al gobierno a revisar los registros que se remontan a 1929, en busca de personas que ya no reúnen los requisitos para obtener la ciudadanía.
El gobierno dominicano insiste en que esto va a dar claridad a una clase de personas cuya situación en el país es confusa en el mejor de los casos. Pero el resultado es que a los hijos y nietos de los inmigrantes ilegales y los trabajadores contratados que fueron traídos desde Haití para trabajar en las plantaciones dominicanas, podrían revocarles la ciudadanía.
Muchas de estas personas no tienen vínculos significativos a Haití y sería poco probable que calificaran para la ciudadanía haitiana tampoco.
Las demás naciones no deben tolerar la creación de uno de los más grandes grupos de personas apátridas en el planeta. Las Naciones Unidas ya han dicho que van a realizar un "estudio exhaustivo" para ver si este nuevo fallo rompe los tratados internacionales.
Mientras tanto, los Estados Unidos, que es, con mucho, el mayor socio comercial de la República Dominicana, debe examinar las presiones que podrían aplicarse. La creación repentina de 200,000 personas sin nacionalidad tan cerca de la parte continental de EE.UU difícilmente puede considerarse en el mejor interés de los Estados Unidos, y la supresión de muchas personas de la sociedad civil sin duda hará a la República Dominicana más daño que bien.