SANTO DOMINGO.-A partir de la firma del Acuerdo Marco de Colaboración entre la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la República Dominicana y el Consejo General del Poder Judicial de España, en 1999, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha dado un apoyo sostenido al fortalecimiento de todo el sistema judicial del país, con acciones diversas y subvenciones por un monto de un millón, 902,000 euros.
De esa manera, la AECID se ha enfocado en su propósito de contribuir con el estado de derecho y la consolidación de un sistema de administración de justicia eficaz e independiente en República Dominicana.
María Belén Pascual de la Parte, responsable de proyectos de Gobernabilidad de la AECID explica que a través de la SCJ, la entidad ha contribuido con el desarrollo de la carrera judicial, la capacitación, el fortalecimiento institucional, el acceso a la justicia, la transversalización de la política de igualdad de género, el Consejo del Poder Judicial y la Insectoría Judicial.
La asistencia ha incluido la elaboración del marco reglamentario de la Ley de Carrera Judicial, mediante el cual se regularon los derechos, deberes, responsabilidades, prohibiciones e incompatibilidades de los jueces, así como los sistemas y subsistemas y la evaluación del desempeño, para garantizar la estabilidad y la independencia.
"Se ha apoyado la carrera judicial desde hace mucho, con la reglamentación interna, y se fortaleció el sistema de carreras hasta el punto en que ha adquirido rama constitucional", afirmó Pascual de la Parte. Agregó que al regularse la forma de ingreso, "desapareció el nombramiento de jueces por amistad o cualquier otra causa no profesional. Ahora se entra desde abajo. La reglamentación regula no solo el ingreso, sino la formación continua, el régimen disciplinario y la inspectoría".
La AECID también ha contribuido con el fortalecimiento de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), a través de la regulación de una estructura adecuada a una nueva metodología de trabajo y la elaboración de manuales de funciones y procedimientos, y su implementación.
Además, según explicó Pascual de la Parte, se ha dado apoyo a la capacitación en dicha escuela en las vertientes inicial y continua.
La cooperación española también dio su respaldo al Centro de Documentación Judicial de la ENJ, aumentó su acervo bibliográfico, físico y virtual.
En cuanto a fortalecimiento institucional, la AECID contribuyó con la planificación y elaboración del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial para el periodo 2009-2016, y ha implementado herramientas de recolección de estadísticas judiciales, con informes periódicos de los resultados, por tribunales, lo que hizo posible una plataforma institucional de información.
Además, se creó la División de Seguimiento y Evaluación de las actividades del Poder Judicial y se fortaleció la Insectoría Judicial, con la elaboración de un Manual de Procedimiento cuyo objetivo es unificar criterios de actuación de las diferentes unidades. Igualmente, el Consejo del Poder Judicial fue apoyado con la elaboración en 2013 de un Reglamento sobre Organización y Funcionamiento.
Acceso a la Justicia
El apoyo de la AECID no se limita a las instituciones, sino que se extiende a la población, pues ha emprendido acciones que mejoran el acceso, principalmente en el ámbito de la justicia penal, a través del Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal (MGDJP). Hasta ahora, hay uno en el Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana y otro en proceso de instalación en Barahona.
Este modelo propicia la separación de funciones jurisdiccionales de las administrativas, con lo que se espera mejorar el desempeño de los operadores judiciales de esos departamentos e incrementar el alcance de la justicia penal.
Además, se ha contribuido a mejorar la información y atención en los tribunales, a través de tres Centros de Información y Orientación Ciudadana, habiéndose registrado desde 2006 unas 231,072 consultas.
La AECID también prestó asistencia técnica y financiera para crear el Centro de Documentación e Información Judicial Dominicana, que a la fecha registra 2,000 usuarios por año por las vías telefónica, electrónica y presencial, y que fue dotado de equipos informáticos y software.
El propósito es que desde ese centro, se creen y gestionen bibliotecas judiciales. En tal sentido, la AECID contribuyó al fortalecimiento del sistema bibliográfico con la instalación de las bibliotecas Licenciado Francisco Porfirio Veras Toribio, en el Palacio de Justicia de Santiago, cuya estructura física fue remodelada, y José Altagracia Puello, del Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana. Además, fueron dotados de bibliotecas básicas los tribunales ubicados en áreas alejadas de los Distritos Judiciales.
Justicia y género
Entre los logros que exhibe la AECID en materia de justicia, está la instalación en el país del primer Observatorio de Justicia y Género de Iberoamérica, un espacio de reflexión para mejorar el acceso de las mujeres, que da seguimiento a las sentencias y demás resoluciones judiciales dictadas en esa materia, a fin de plantear pautas de actuación en el Poder Judicial y sugerir modificaciones legislativas necesarias.
Desde la creación del observatorio a la fecha se ha recibido un promedio de 97 consultas por día, sobre marco legal, eventos y libros, mayormente.
De igual forma, se fortalecieron las subcomisiones de igualdad de género del Poder Judicial, con jornadas de concienciación de los jueces, y se han desarrollado metodología y contenidos de formación con los parámetros de la ENJ para ser utilizados en jornadas de sensibilización en talleres de los departamentos judiciales.
Acciones con el Tribunal Constitucional
María Belén Pascual de la Parte informó que, con el Tribunal Constitucional (TC), de reciente creación, la AECID trabaja en cuatro líneas de acción, una de las cuales es la formación, dirigida a magistrados, letrados y personal que tenga función de asesoría jurídica.
Otra línea de acción es la creación de centro de documentación de jurisprudencia y doctrina del TC.
"Asimismo, se apoya en la difusión de lo que implica un TC para un país, no solo en el ámbito jurídico", expresa Pascual de la Parte y agrega que con ese fin, se han organizado conferencias y diplomados a cargo de expertos, dirigidos a periodistas, profesionales de otras áreas, estudiantes y público general.
Informa que también se ha trabajado en la elaboración de normativa interna constitucional y reglamentos jurisdiccionales internos, que "no contradicen ni la constitución ni leyes que la desarrollan".
Pascual de la Parte anunció que con miras al nuevo Marco de Asociación País que se aprestan a firmar el Gobierno dominicano y la cooperación española se han planteado otras iniciativas para el TC, como el fortalecimiento de una fiscalía ante éste.
También, se proponen apoyar otras áreas de formación. "Eso igualmente incidirá en lo que ya hemos hecho, por ejemplo, los fondos de este año para el centro de documentación estaban destinados a regularlo y estructurarlo, pero los que recibiremos en lo adelante serán para apoyar con el software y ponerlo en funcionamiento".
De esa manera, la AECID se ha enfocado en su propósito de contribuir con el estado de derecho y la consolidación de un sistema de administración de justicia eficaz e independiente en República Dominicana.
María Belén Pascual de la Parte, responsable de proyectos de Gobernabilidad de la AECID explica que a través de la SCJ, la entidad ha contribuido con el desarrollo de la carrera judicial, la capacitación, el fortalecimiento institucional, el acceso a la justicia, la transversalización de la política de igualdad de género, el Consejo del Poder Judicial y la Insectoría Judicial.
La asistencia ha incluido la elaboración del marco reglamentario de la Ley de Carrera Judicial, mediante el cual se regularon los derechos, deberes, responsabilidades, prohibiciones e incompatibilidades de los jueces, así como los sistemas y subsistemas y la evaluación del desempeño, para garantizar la estabilidad y la independencia.
"Se ha apoyado la carrera judicial desde hace mucho, con la reglamentación interna, y se fortaleció el sistema de carreras hasta el punto en que ha adquirido rama constitucional", afirmó Pascual de la Parte. Agregó que al regularse la forma de ingreso, "desapareció el nombramiento de jueces por amistad o cualquier otra causa no profesional. Ahora se entra desde abajo. La reglamentación regula no solo el ingreso, sino la formación continua, el régimen disciplinario y la inspectoría".
La AECID también ha contribuido con el fortalecimiento de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), a través de la regulación de una estructura adecuada a una nueva metodología de trabajo y la elaboración de manuales de funciones y procedimientos, y su implementación.
Además, según explicó Pascual de la Parte, se ha dado apoyo a la capacitación en dicha escuela en las vertientes inicial y continua.
La cooperación española también dio su respaldo al Centro de Documentación Judicial de la ENJ, aumentó su acervo bibliográfico, físico y virtual.
En cuanto a fortalecimiento institucional, la AECID contribuyó con la planificación y elaboración del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial para el periodo 2009-2016, y ha implementado herramientas de recolección de estadísticas judiciales, con informes periódicos de los resultados, por tribunales, lo que hizo posible una plataforma institucional de información.
Además, se creó la División de Seguimiento y Evaluación de las actividades del Poder Judicial y se fortaleció la Insectoría Judicial, con la elaboración de un Manual de Procedimiento cuyo objetivo es unificar criterios de actuación de las diferentes unidades. Igualmente, el Consejo del Poder Judicial fue apoyado con la elaboración en 2013 de un Reglamento sobre Organización y Funcionamiento.
Acceso a la Justicia
El apoyo de la AECID no se limita a las instituciones, sino que se extiende a la población, pues ha emprendido acciones que mejoran el acceso, principalmente en el ámbito de la justicia penal, a través del Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal (MGDJP). Hasta ahora, hay uno en el Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana y otro en proceso de instalación en Barahona.
Este modelo propicia la separación de funciones jurisdiccionales de las administrativas, con lo que se espera mejorar el desempeño de los operadores judiciales de esos departamentos e incrementar el alcance de la justicia penal.
Además, se ha contribuido a mejorar la información y atención en los tribunales, a través de tres Centros de Información y Orientación Ciudadana, habiéndose registrado desde 2006 unas 231,072 consultas.
La AECID también prestó asistencia técnica y financiera para crear el Centro de Documentación e Información Judicial Dominicana, que a la fecha registra 2,000 usuarios por año por las vías telefónica, electrónica y presencial, y que fue dotado de equipos informáticos y software.
El propósito es que desde ese centro, se creen y gestionen bibliotecas judiciales. En tal sentido, la AECID contribuyó al fortalecimiento del sistema bibliográfico con la instalación de las bibliotecas Licenciado Francisco Porfirio Veras Toribio, en el Palacio de Justicia de Santiago, cuya estructura física fue remodelada, y José Altagracia Puello, del Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana. Además, fueron dotados de bibliotecas básicas los tribunales ubicados en áreas alejadas de los Distritos Judiciales.
Justicia y género
Entre los logros que exhibe la AECID en materia de justicia, está la instalación en el país del primer Observatorio de Justicia y Género de Iberoamérica, un espacio de reflexión para mejorar el acceso de las mujeres, que da seguimiento a las sentencias y demás resoluciones judiciales dictadas en esa materia, a fin de plantear pautas de actuación en el Poder Judicial y sugerir modificaciones legislativas necesarias.
Desde la creación del observatorio a la fecha se ha recibido un promedio de 97 consultas por día, sobre marco legal, eventos y libros, mayormente.
De igual forma, se fortalecieron las subcomisiones de igualdad de género del Poder Judicial, con jornadas de concienciación de los jueces, y se han desarrollado metodología y contenidos de formación con los parámetros de la ENJ para ser utilizados en jornadas de sensibilización en talleres de los departamentos judiciales.
Acciones con el Tribunal Constitucional
María Belén Pascual de la Parte informó que, con el Tribunal Constitucional (TC), de reciente creación, la AECID trabaja en cuatro líneas de acción, una de las cuales es la formación, dirigida a magistrados, letrados y personal que tenga función de asesoría jurídica.
Otra línea de acción es la creación de centro de documentación de jurisprudencia y doctrina del TC.
"Asimismo, se apoya en la difusión de lo que implica un TC para un país, no solo en el ámbito jurídico", expresa Pascual de la Parte y agrega que con ese fin, se han organizado conferencias y diplomados a cargo de expertos, dirigidos a periodistas, profesionales de otras áreas, estudiantes y público general.
Informa que también se ha trabajado en la elaboración de normativa interna constitucional y reglamentos jurisdiccionales internos, que "no contradicen ni la constitución ni leyes que la desarrollan".
Pascual de la Parte anunció que con miras al nuevo Marco de Asociación País que se aprestan a firmar el Gobierno dominicano y la cooperación española se han planteado otras iniciativas para el TC, como el fortalecimiento de una fiscalía ante éste.
También, se proponen apoyar otras áreas de formación. "Eso igualmente incidirá en lo que ya hemos hecho, por ejemplo, los fondos de este año para el centro de documentación estaban destinados a regularlo y estructurarlo, pero los que recibiremos en lo adelante serán para apoyar con el software y ponerlo en funcionamiento".
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