Fiscalía pide 6 años de prisión para el expresidente argentino De la Rúa
EL JUICIO QUE INVESTIGA LOS SUPUESTOS PAGOS DE SOBORNOS A SENADORES PARA LA APROBACIÓN EN 2000 DE UNA POLÉMICA REFORMA LABORAL
El Ministerio Público Fiscal solicitó hoy que el ex presidente argentino Fernando de la Rúa (1999-2001) sea condenado a 6 años de prisión en el juicio que investiga los supuestos pagos de sobornos a senadores para la aprobación en 2000 de una polémica reforma laboral.
En el mismo proceso, la Fiscalía solicitó igual pena para quien fuera director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE, servicio secreto) Fernando de Santibáñez, y para los exsenadores del Partido Justicialista (PJ, peronista) Alberto Tell, Augusto Alasino y Remo Constanzo.
En tanto, la Fiscalía solicitó la absolución del exministro de Trabajo Alberto Flamarique y del exsenador Ricardo Branda, así como pidió una condena a un año y medio de prisión para el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, según informó el Centro de Información Judicial.
Para el Ministerio Público Fiscal, Fernando De la Rúa, imputado como presunto coautor del delito de cohecho activo agravado y que renunció a su cargo en diciembre de 2001 en medio de un estallido social y una severa crisis económica, debe, además de ir a prisión, ser inhabilitado por seis años para ejercer la función pública.
Entre quienes declararon en este juicio estuvieron el por entonces vicepresidente de Argentina y presidente del Senado, Carlos Álvarez, quien renunció en octubre de 2000 a raíz de las denuncias de sobornos, lo que desgastó la Alianza (colisión gobernante) encabezada por De la Rúa.
La Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires consideró en 2009 que el pago de sobornos en el Senado en 2000 para aprobar una reforma laboral "fue un acto del Gobierno liderado por Fernando de la Rúa como presidente".
En noviembre de 2007, el exsecretario parlamentario Mario Pontaquarto confirmó en un careo judicial con De la Rúa que el hoy exgobernante dio el visto bueno al pago de sobornos por 4,3 millones de dólares a senadores para que se aprobara la ley, la cual era rechazada por los sindicatos.
El proceso oral, que se inició el 14 de agosto de 2012, es el segundo juicio contra un exmandatario democrático argentino desde la última dictadura tras el proceso que se siguió a Carlos Menem (1989-1999) por el presunto contrabando de armas a Croacia y Ecuador, en el que fue absuelto.