Redacción.- El nuevo episodio de desgobierno del Congreso de EE.UU. finalizó este miércoles, poco antes de que se alcanzara esta medianoche la temida fecha límite y la primera economía mundial se declarara en suspensión de pagos por primera vez en su historia, pero la credibilidad del país no ha salido indemne.Pese a que se esquivaron los efectos catastróficos anunciados, sí que restarán cicatrices, tanto desde el punto de vista político como económico.
Y es que después del drama de agosto de 2011, cuando el país se salvó “in extremis” de otra suspensión de pagos, también de madrugada, y después del acuerdo de última hora para esquivar el llamado “precipicio fiscal”, el primero de enero de 2013, el Congreso parece no saber avanzar si no es fabricando crisis innecesarias.
En el verano de 2011, los estadounidenses se hicieron expertos en el debate sobre el “tope de endeudamiento federal”, entonces situado en 14,29 billones de dólares.
Lo que siempre había sido casi un trámite -la autorización al Tesoro para que siga emitiendo deuda- se convirtió por vez primera en una batalla partidista, con un Congreso fuertemente dividido entre republicanos, al mando de la Cámara de Representantes, y demócratas, con mayoría en el Senado.
Los republicanos y los demócratas concluyeron un pacto de mínimos que solo sirvió para poner fecha a una nueva disputa, cuando se alcanzara el nuevo tope, que se fijó entonces en 16,7 billones de dólares.
Una prueba de la ingobernabilidad que se ha instalado en Washington es el hecho de que la última vez que el Congreso aprobó un presupuesto completo fue en 2009 y desde entonces se ha limitado a renovarlo.
Republicanos y demócratas volvieron a escenificar otra cuenta atrás a comienzos de este año con ocasión del denominado “precipicio fiscal”.
La nueva amenaza se cernía sobre la economía estadounidense al coincidir recortes automáticos del gasto público y el fin abrupto de las rebajas impositivas, medidas que habían sido aceptadas paradójicamente por ambos partidos en 2011 como fórmula de presión para obligarse a sí mismos a negociar entre tanto una reducción sensata del déficit.
Al final, el compromiso sobre el déficit no llegó pero los recortes automáticos y subidas de impuestos, sí, y para eludir el precipicio hubo que pactar otro alivio temporal que es el origen de la crisis de estos días.
Como consecuencia de la no renovación de la financiación del Gobierno, cerca de 800.000 trabajadores federales se quedaron durante dos semanas sin trabajo ni sueldo y numeros servicios públicos tuvieron que cerrar por la falta de fondos, desde el 1 hasta el 17 de octubre.
Ahora, tras la tormenta política, se pueden observar los restos de la batalla y aunque todas las partes parecen coincidir en que se ha logrado esquivar el peor escenario, los resultados no ofrecen motivos para el optimismo.
Esta semana la agencia de calificación crediticia Fitch pasaba a “perspectiva negativa” la deuda de EE.UU. y sellaba las crecientes dudas de los mercados e inversores sobre su capacidad para poner sus cuentas públicas en orden.
Mientras tanto, Standard & Poors, que ya rebajó en 2011 la codiciada triple A de Washington por aquella crisis, ponía números a estas semanas de incertidumbre fiscal: las pérdidas ocasionadas por el cierre parcial del Gobierno pueden haber sido, según su cálculos, de 24.000 millones de dólares (un 0,6 % del PIB del cuarto trimestre del año).
Por último, no hay que olvidar que el acuerdo que se aplaude hoy, conlleva escrita la fecha del siguiente acto en este drama: el 7 de febrero se alcanzará la nueva extensión del techo de deuda y el 15 de enero la Administración federal se volverá a quedar sin fondos.